Author Archives: Romo Y Campos Abogados

¡Todo es delito fiscal!

¿Sabe que bajo determinadas circunstancias una empresa y sus administradores pueden ser condenados por delito fiscal? Vea qué requisitos se exigen para ello, con el fin de poder evitarlos.

Delito fiscal

Infracción. En general, cuando una empresa comete una infracción tributaria (por dejar de ingresar un impuesto, por acreditar unas deducciones no aplicables, etc.), es Hacienda la que impone la sanción a la empresa, que siempre es monetaria. ¡Atención! No obstante, si la infracción es muy grave y puede constituir un delito fiscal, Hacienda ya no tiene potestad para imponer sanciones. En este caso, el asunto es tramitado por vía judicial, siendo el juez quien dictaminará la sanción (que puede recaer tanto sobre la sociedad como sobre los administradores, y consistir en multas monetarias o incluso en penas de cárcel).

Delito. Hacienda considerará que se ha cometido delito fiscal, poniendo el asunto en manos del juez, cuando se cumplan los siguientes requisitos al mismo tiempo:

• Que la empresa haya dejado de ingresar un impuesto, no haya practicado una retención, haya obtenido improcedentemente una devolución o haya disfrutado de un beneficio fiscal que no le correspondía.
• Que la cuantía defraudada de esta forma exceda de 120.000 euros por ejercicio e impuesto.
• Asimismo, que haya existido la intención de defraudar.

Más de 120.000 euros

Por impuestos. El límite cuantitativo se calcula por impuesto; es decir, la cuantía defraudada debe referirse a cada uno de los impuestos de la empresa calculados individualmente dentro del período impositivo de doce meses. Apunte. Si, por ejemplo, en un año no se ingresan las retenciones de los trabajadores por valor de 90.000 euros y se deduce incorrectamente un IVA de 60.000 euros, aunque en global el importe defraudado supera los 120.000 euros, deberá computarse cada impuesto de forma independiente, por lo que, en este caso, no se habrá producido un delito fiscal.

Prescripción. Mientras que la posibilidad de iniciar una inspección e imponer sanciones prescribe a los cuatro años, si hay delito fiscal el plazo de prescripción es de cinco años. ¡Atención! A diferencia de lo que ocurre con las infracciones tributarias normales, en el caso del IVA y retenciones, el plazo de prescripción de todas las declaraciones correspondientes a un mismo año se cuenta desde enero del año siguiente, coincidiendo con la presentación de la última declaración anual.

Debe ser intencionado

Intencionalidad. Aunque la cuantía defraudada supere los 120.000 euros, para que exista delito fiscal es necesario que haya existido la intención de defraudar. En caso contrario, se tratará de mera infracción tributaria (cuya sanción deberá establecer Hacienda y no el juez):

• Sí sería delito fiscal, por ejemplo, la ocultación de un ingreso, o la creación ficticia de beneficios fiscales o gastos deducibles inexistentes.
• No habrá delito fiscal, sin embargo, si los gastos no eran deducibles pero existían realmente.

Exenta. Por último, sepa que aunque la empresa haya actuado de forma intencionada y con ánimo de defraudar, si regulariza su situación tributaria antes de que Hacienda, el Ministerio fiscal o el juez inicien actuaciones, quedará exenta de responsabilidad penal. Apunte. En este caso se le aplicarán los recargos por ingreso extemporáneo, no pudiendo exigirle nada más.

Para que exista delito fiscal es necesario, entre otros requisitos, que la cuantía defraudada supere los 120.000 euros y que haya existido la intención de defraudar. El mero impago no constituye por sí solo un delito de este tipo.

LA COMISIÓN DE APERTURA OTRO DOLOR DE CABEZA PARA LA BANCA

Todas las hipotecas cuentan con una condición que los consumidores consideran inevitable: las comisiones de apertura no se corresponden a un producto bancario complejo como podrían ser las cláusulas suelo o el IRPH, sino que todos los prestatarios conocen su existencia y asumen su pago . Sin embargo, este concepto ha cambiado a partir de ahora: un juzgado de Málaga ha declarado nula por abusiva la comisión de apertura de una hipoteca, así como la cláusula suelo, los gastos de constitución y el interés de demora.

Nuestro cliente recupera unos 1.800 euros tras obtener la nulidad de la comisión de apertura de su hipoteca, en este caso la  AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALBACETE, SECCIÓN 1, SENTENCIA Nº 316/2017, DE 7 DE NOVIEMBRE, NOS DICE:

 FDOº2º: “[…] en realidad tales actuaciones o bien forman parte de la mecánica de la contratación, de la fase de formación de la voluntad de la demandante, o bien están encaminadas a la plasmación por escrito de las cláusulas predispuestas por la demandante, o bien se concretan en el cumplimiento de la obligación contractual principal de la demandante, por la que está establecido que recibiría como remuneración el interés pactado. Por lo que puede decirse que ninguna de esas actividades supone la prestación de ningún servicio adicional a los demandados digno de remuneración adicional. Es llamativo, por último, que se diga que la justificación de la comisión está en la realización de determinados gastos y que su importe se haya establecido según la demandante no mediante la cuantificación de esos gastos, sino, a través de una negociación con los demandados, como porcentaje respecto del nominal del préstamo. Eso no tiene sentido. Si se trata de gastos reales, su importe no debería ser negociable y por supuesto no debería fijarse como si fuera mayor cuanto mayor es el importe del préstamo, pues por ejemplo en una consulta con un fichero de morosos se emplea el mismo tiempo con independencia de la cuantía de la operación que se esté estudiando”.

Otros tribunales se están posicionando sobre la nulidad de las comisiones de apertura de los préstamos hipotecarios, tales como:

Audiencia Provincial de Soria, Sección 1, Sentencia Nº 134/2017, de 10 de octubre:

 FDOº3º: “Entendida la comisión, como retribución del servicio que supone poner a disposición del cliente bancario el nominal del préstamo, desde el arquetipo normativo de esta clase de contratos, tal y como se regula tanto en el CC (LEG 1889, 27) como en el Código de Comercio (LEG 1885, 21), no se acierta a percibir qué tipo de servicio se le otorga al cliente bancario, pues el contrato de préstamo se perfecciona con la entrega del dinero.

De forma y concluyendo, que como sea que la dicha comisión, no se percibe como correspondiente a servicio o gasto real y efectivo alguno y además tampoco (considerado como gasto difuso inherente a la actividad de la concesión de préstamos) se conoce ni acreditó su proporcionalidad, debe de mantenerse su declaración de nulidad”.

Audiencia de Palma de Mallorca, Sección 5, Sentencia Nº 307/2017, de 26 de octubre:

FDOº4º: “En el caso, el cobro de la comisión tal y como está prevista en la propia escritura implica no sólo el abono de cantidad por servicios no prestados efectivamente, de hecho ni tan siquiera se ha practicado prueba para acreditar a que concretos servicios responden, sino igualmente se aprecia que carece de cualquier proporcionalidad con los servicios a que pudieran corresponder, pues se calculan a tanto alzado, aplicando un porcentaje sobre el importe del principal y además en las propias escrituras expresamente se establece que no se cobra ninguna comisión de estudio cobro.

A modo de conclusión, la citada comisión se cobró al momento de formalizarse el préstamo, basada en un porcentaje del capital prestado y no en el servicio realmente prestado que es lo que justifica su cobro, sin que pese a su disponibilidad y por tanto facilidad probatoria, la parte demandada haya probado a que concretos servicios obedeció y su proporcionalidad en cuanto a lo cobrado, por lo que procede confirmar la nulidad declarada”.

Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5, Sentencia Nº 17/2017, de 5 de enero:

FDOº9º: “[…] tales operaciones de cálculo del riesgo, viabilidad e instrumentalización del préstamo en la organización interna, aspectos contables y económicos, son inherentes a la operativa bancaria y no pueden, sin una expresa asunción con plena información y efectiva negociación, ser puestos a cargo de la demandada, con lo que la imposición de tal comisión ha de ser declarada nula, anulada su asunción y retrotraída la cantidad pagada”.

Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12, Sentencia Nº 51/2015, de 12 de febrero:

FDOº5º: “Para considerar abusiva una cláusula, a falta de calificación específica en la propia Ley, hay que acudir al criterio general expresado en el artículo 82 de la Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios […] En este sentido, y por falta de reciprocidad, sería abusiva una cláusula que impusiera comisiones sin causa, esto es que no estuvieran basadas en la prestación de un servicio por el profesional o empresario. En este caso está la comisión de apertura, que aun pactada en el contrato, no encuentra explicación alguna, pues no la ofrece al demandante que, como profesional, tiene la carga de la prueba de su justificación”.

Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 29 de octubre 2011.

Así lo establece el párrafo segundo del art. 3.1 de la citada orden con arreglo al cual, ” Sólo podrán percibirse comisiones o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos “.

De donde resulta que al igual que sucede con el resto de comisiones, rige respecto a la misma el principio de “realidad del servicio remunerado” para su aplicación, de forma que si no hay servicio o gasto, no puede haber comisión lo que justifica la declaración de abusividad de la misma.

Ciertamente la actual Ley General Defensa consumidores y Usuarios en su artículo 87.5, reconoce la legitimidad de la facturación por el empresario al consumidor de aquellos costes no repercutidos en el precio (indisolublemente unidos al inicio del servicio) pero, además de que su interpretación debe de ser restrictiva con restringida proyección a determinados sectores empresariales, el coste deberá repercutirse adecuada o proporcionalmente al gasto o servicio efectivamente habidos o prestados, proporcionalidad que si no se da incidiría negativamente en el equilibrio prestacional a que se refiere el art. 80 de L.G.D.C.U . y que en el caso ni tan siquiera se ha intentado justificar.

De forma y concluyendo que como sea que la dicha comisión no se percibe como correspondiente a servicio o gasto real y efectivo alguno y además tampoco (considerado como gasto difuso inherente a la actividad de la concesión del préstamos) se conoce ni acreditó su proporcionalidad, debe de mantenerse su declaración de nulidad.”. 

CONCLUSIÓN: 

La comisión de apertura carece de cualquier proporcionalidad con los servicios a que pudieran corresponder, pues se calculan a tanto alzado, aplicando un porcentaje sobre el importe del principal, dicha comisión, no se percibe como correspondiente a servicio o gasto real y efectivo alguno y en realidad tales actuaciones forman parte de la mecánica de la contratación, y se encuentra en la  fase de formación de la voluntad de la demandante

ENTRADA EN VIGOR LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Los cuatro meses de vacatio legis de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público han pasado rápidamente, tal vez más de lo que muchos operadores hubieran deseado, y por fin hoy, 9 de marzo de 2017, esta norma es de plena aplicación. Durante este tiempo de transición desde que se publicó la ley el pasado 9 de noviembre hasta hoy, los profesionales del sector han tratado de estar preparados para este momento y para ello han asistido a congresos, conferencias y cursos además de leer artículos e incluso adquirir buenos productos sobre contratación que ponen a disposición de los interesados todas las herramientas que se van a necesitar para afrontar con éxito la aplicación de esta norma.

El 8 de noviembre el BOE publicó la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento español varias Directivas del Parlamento y del Consejo de la UE. Esta Ley entrará en vigor a los 4 meses de su publicación en el BOE excepto algunos preceptos concretos, como los relativos a gobernanza, que entraron en vigor al día siguiente de su publicación.

Esta Ley parte del vigente Texto Refundido de Ley de Contratos del Sector Público de 2011 (TRLCSP 2011) del cual traslada al nuevo texto varios preceptos. Se trata de una Ley amplia y compleja que de alguna manera parece incluir en un texto legislativo tanto la Ley como lo que sería el reglamento de esa Ley. Aunque puede aparentar continuidad con la norma que deroga se trata de una norma que aporta muchos cambios respecto a su predecesora.

La nueva Ley intenta solucionar problemas de transparencia y prevención de la corrupción que no estaban bien cubiertos por la normativa del 2011. La dualidad de Jurisdicciones de la norma anterior se elimina y se adapta el ordenamiento nacional al cumplimiento de diversas exigencias de la UE, si quiere ampliar la información puede descargarla .

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Un saludo

¿Es posible la convalidación o subsanación de una cláusula suelo nula de pleno derecho?

No son pocos los casos, en los que existiendo una cláusula suelo en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria firmado originariamente, en un momento posterior, ya sea a instancia del prestatario o a instancia de la entidad prestamista, existe un acuerdo entre las partes, mediante el cual se procede a novar dicha cláusula, bien para reducir el interés mínimo establecido como suelo, bien para proceder a convertir el interés variable aplicable hasta ese momento, en interés fijo hasta la fecha de vencimiento del préstamo.

La cuestión controvertida es, si estando ante una cláusula suelo que debe ser considerada nula de pleno derecho por abusiva, la existencia de un acuerdo posterior de novación, en el que se negocia la reducción del límite aplicable o su eliminación, implica la convalidación de la nulidad.

Hasta este momento, las resoluciones de las Audiencias Provinciales de forma mayoritaria han venido estableciendo que, dicho acuerdo, no implica que la cláusula suelo abusiva, quede convalidada. A título de ejemplo:

AP Valladolid, Sec. 3.ª, 19-9-2017. (SP/SENT/923348)

AP Soria, Sec. 1.ª, 8-9-2017. (SP/SENT/922856)

AP Badajoz, Sec. 2.ª, 7-9-2017. (SP/SENT/922147)

AP Huelva, Sec. 2.ª, 17-7-2017.( SP/SENT/921236)

AP Burgos, Sec. 3.ª, 15-6-2017. (SP/SENT/913121)

Esta postura ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 16 de octubre de 2017 (SP/SENT/923416). En el supuesto enjuiciado, los hechos ocurridos son los siguientes:

Los prestatarios en febrero del año 2009 se subrogaron en el préstamo hipotecario concedido al promotor, en el que existía una cláusula suelo fijada en el 3% y un techo establecido en el 12,50%. En noviembre del mismo año, reclaman a la entidad financiera por la existencia de dicha cláusula y se les reduce el interés al 2,5%, si bien, a partir del año 2012, se les vuelve a aplicar el 3%.

Interpuesta la demanda, solicitan la nulidad de la cláusula suelo por abusiva como pretensión principal con la devolución del total abonado por su aplicación y como pretensión subsidiaria, la aplicación del límite del 2,5% y la restitución de lo cobrado a partir del 2012 cuando se volvió a cobrar el 3%.

El Juzgado de Primera Instancia considera que la entidad financiera incumplió con su obligación de informar a los prestatarios y que no se había superado el control de transparencia, lo que viciaba el consentimiento de los prestatarios, por error, y tenía como efecto la anulabilidad, pero que al haber sido negociado un nuevo suelo, conforme el artículo 1208 CC, se había sanado el vicio inicial de la cláusula, por lo que desestima la pretensión principal y acepta la subsidiaria.

En apelación, se desestima el recurso al considerar que los recurrentes no tenían legitimación para recurrir, ya que la sentencia no les era perjudicial al haber sido estimada la pretensión subsidiaria.

Llegando la cuestión ante el Tribunal Supremo, este determina que el contrato no queda convalidado por la petición de los prestatarios de que se les redujera la cláusula suelo, ya que la nulidad absoluta o de pleno derecho es insubsanable y no permite la convalidación, sin que sea de aplicación el artículo 1208 CC, que establece que « la novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad sólo pueda ser invocada por el deudor, o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen».

El Alto Tribunal, considera que la protesta por la inclusión de la cláusula suelo de la que no fueron informados los prestatarios  y su petición de reducción al menos al fijado en otros contratos de la misma promoción, no supone una acto inequívoco de la voluntad tácita de convalidación o confirmación del contrato, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda dicha situación confirmatoria, sino que solo se trata de una solicitud para reducir en lo posible las consecuencias negativas de dicha estipulación, lo que no les impide posteriormente solicitar la declaración de nulidad absoluta y la restitución de lo cobrado por su aplicación.

Nos encontramos por tanto,  ante la confirmación del Tribunal Supremo de la que consideramos como la postura más acertada y que había sido la mantenida por la mayor parte de las Audiencias Provinciales, y que sirve para evitar nuevas situaciones de abuso por parte de las entidades financieras, que siendo conscientes de la nulidad de la cláusula, se limitan a reducir tipo mínimo de interés establecido como suelo mediante un acuerdo privado con el prestatario y pretenden tildar el mismo como un acto de convalidación de un negocio nulo de pleno derecho.

Multidivisas

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por los prestatarios contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó la demanda en la que solicitaban la nulidad de las cláusulas multidivisa de un préstamo hipotecario concertado con Barclays Bank.

La sentencia, dictada por el Tribunal Supremo el pasado 15 de noviembre (STS 608/2017) (LA LEY 157653/2017) adapta la doctrina de la Sala Primera a la jurisprudencia del TJUE, que en el caso Banif Plus Bank (sentencia de 3 de diciembre de 2015) consideró que las operaciones de cambio de divisa, accesorias a un préstamo que no tiene por finalidad la inversión, no constituyen un instrumento financiero distinto del propio préstamo, sino únicamente una modalidad indisociable de ejecución de éste. Dado que la definición de los instrumentos financieros a efectos de la aplicación de la normativa sobre el mercado de valores es una cuestión regulada por el Derecho de la Unión (Directiva MiFID), que los tribunales españoles deben aplicar de conformidad con la jurisprudencia del TJUE, se concluye que el préstamo hipotecario en divisas no es un instrumento financiero regulado por la Ley del Mercado de Valores.

Ello no excluye la sujeción de las entidades financieras que conceden estos préstamos a las obligaciones de información que establecen las normas de transparencia bancaria y las de protección de consumidores y usuarios, en los casos en que el prestatario tiene la consideración legal de consumidor.

La sala descarta que las cláusulas multidivisa controvertidas fueran objeto de negociación individual y quedaran por ello excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva sobre cláusulas abusivas. Se trata de cláusulas que definen el objeto principal del contrato, sobre las que existe un especial deber de transparencia y respecto de las que las instituciones financieras deben facilitar a los prestatarios la información suficiente para que éstos comprendan no solo su contenido formal y gramatical, sino también su alcance concreto y puedan tomar decisiones fundadas y prudentes.

El hecho de que los préstamos multidivisa estén excluidos de la normativa MiFID no significa que no sean un producto complejo a efectos del control de transparencia. La sentencia aplica los criterios de la sentencia del TJUE de 20 de septiembre de 2017 (caso Andriciuc) y considera que aunque el consumidor medio puede prever el riesgo de un cierto incremento de las cuotas de amortización por efecto de la fluctuación de las monedas sin necesidad de una especial información,no ocurre lo mismo con otros riesgos asociados a estas hipotecas. En ellas, la fluctuación de la divisa supone un recálculo constante del capital prestado, lo que determina que, pese al pago de las cuotas de amortización periódica, el prestatario puede adeudar un capital en euros mayor que el que le fue entregado al concertar el préstamo. Incluso aunque se cumpla la obligación de pagar las cuotas, el banco pueda dar por vencido anticipadamente el préstamo si el euro se devalúa, por encima de ciertos límites, sobre la divisa extranjera.

En el caso del recurso, la entidad bancaria no explicó adecuadamente a los prestatarios la naturaleza de los riesgos asociados a las cláusulas relativas a la denominación en divisas del préstamo y su equivalencia con el euro, que es la moneda en que éstos reciben sus ingresos, ni las graves consecuencias asociadas a la materialización de tales riesgos. Los prestatarios no solo han tenido que abonar cuotas superiores en aproximadamente un 50% al importe de la cuota inicial, pese a la bajada del tipo de interés, sino que además, al haber hecho uso el banco de la facultad de dar por vencido anticipadamente el préstamo ante la imposibilidad de seguir haciendo frente al pago de las cuotas, la cantidad que se les ha reclamado en euros como capital pendiente de amortizar, en el proceso de ejecución hipotecaria, supera significativamente la cantidad que les fue ingresada en su cuenta en euros por la concesión del préstamo.

La falta de transparencia de las cláusulas multidivisa ha generado para los prestatarios un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los graves riesgos que entrañaba la contratación del préstamo, no pudieron comparar la oferta del préstamo hipotecario multidivisa con las de otros préstamos y se ha agravado su situación económica y jurídica. La posibilidad de cambio de divisa prevista en el contrato, aunque supone un cierto mecanismo de limitación del riesgo de fluctuación en los casos de previsible apreciación de la divisa en un futuro próximo, no elimina los riesgos mencionados ni dispensa al banco de sus obligaciones de transparencia en la información precontractual que facilite a sus potenciales clientes y en la redacción de las cláusulas del préstamo hipotecario.

En consecuencia, la sala estima que las cláusulas cuestionadas no superan el control de transparencia y casa la sentencia recurrida, declarando la nulidad parcial del préstamo y la eliminación de las referencias a la denominación en divisas del préstamo, que queda como un préstamo concedido en euros y amortizado en euros. En este sentido, entiende que la nulidad total supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar, y que la nulidad parcial es posible por el régimen contractual previsto en el préstamo hipotecario.

LA LEY 275467/2017

Reformas del trabajo autónomo

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, incluye las más importantes modificaciones llevadas a cabo en beneficio de este colectivo en los últimos años, en aspectos como la tarifa plana, las bases de cotización, la compatibilidad de la actividad con la pensión de jubilación, las bonificaciones de cuotas, la gestión de la cotización… Si bien algunas de estas medidas no serán efectivas hasta el 1 de enero de 2018.

Estas son las novedades más destacadas:

Tarifa plana más amplia               

  •  La tarifa plana de 50 euros se amplía de 6 a 12 meses para quienes se den de alta en el Régimen Especial de Autónomos, si además no lo han estado en los 2 años anteriores (3 años si ya hubieran disfrutado de estos beneficios previamente) y cotizan por la base mínima. Y se mantienen las reducciones y bonificaciones que ya existían para los meses posteriores.
  • Además, se beneficia con esa tarifa plana de 50 euros durante 12 meses a las mujeres que habiendo trabajado por su cuenta, cesan en su actividad por maternidad y vuelven a realizar una actividad por cuenta propia en los dos años siguientes al cese, siempre que opten por cotizar por la base mínima.

Cuotas por días trabajados y más cambios de base de cotización          

  •  Se introduce la posibilidad a los trabajadores autónomos de afiliación y hasta tres altas y bajas dentro de cada año natural con efectos a esas fechas, de forma que en esos meses solo pagarán por días trabajados, en cuyo caso la cuota fija mensual se divide entre 30. Y podrán cambiar su base de cotización cuatro veces al año (hasta ahora, dos).

Compatibilización de la actividad con el 100% de la pensión de jubilación       

  • La Ley introduce la posibilidad de compatibilidad el trabajo por cuenta propia con el 100% de la pensión de jubilación si se contrata al menos a un trabajador por cuenta ajena.

Mejora en las bonificaciones de cuotas             

  • La bonificación del 100% de la cuota por cuidado de un hijo menor de 7 años pasa a ser de un menor de 12 años.
  • Además de la bonificación ya existente del 100% de la cuota para aquellos trabajadores autónomos sustituidos durante los períodos de descanso por maternidad, paternidad y situaciones relacionadas, mediante contratos de interinidad del RDLey 11/1998, se añade una bonificación por ese mismo motivo, también del 100% de la cuota, aunque no se contrate a nadie que le sustituya, siempre que el descanso sea de al menos un mes. Ambas bonificaciones son compatibles.
  • En cuanto a las bonificaciones por contratación de familiares, se añade una bonificación del 100% durante 12 meses al trabajador autónomo que contrate a sus parientes por cuenta ajena de forma indefinida.

Mejor gestión en la cotización

  • Se refiere a la reducción a un 10% del recargo de la deuda por cotización durante el primer mes siguiente al debido, fijado actualmente en un 20%, y al exceso de cotización en supuestos de pluriactividad, que la TGSS devolverá de oficio antes de mayo de cada año. Medidas que tendrán efecto a partir del 1 de enero de 2018.

 Otras   

  • La cuota mínima de cotización de los autónomos societarios se establecerá en la Ley de Presupuestos de cada año, desvinculándose del SMI.
  • Se define el accidente in itinere para los autónomos, que pasa a considerarse accidente de trabajo.
  • El 30% de los suministros de la vivienda habitual afectada parcialmente a la actividad económica y hasta 26,67 euros diarios en concepto de alojamiento y comida pasan a ser gastos deducibles del IRPF.
  • Se modifica la base reguladora de la maternidad y paternidad.
  • Se mejoran los derechos colectivos y la formación de los autónomos.