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ROMO & CAMPOS ABOGADOS se fundó en Toledo en 2006 como una consultora especializada exclusivamente en materia juridica característica que mantuvo hasta 2010, año en que comenzó un proceso de diversificación que le ha llevado a convertirse en el despacho plenamente multidisciplinar que hoy es.

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LEY 6676/2016

Pese a que los juzgados mercantiles están estimando esta acción de nulidad, la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales es contraria a la misma. Así se recoge, por ejemplo, en la sentencia nº 189/2015 de la AP Guipúzcoa, Sección 2ª, de 29-102015. El TS no se ha pronunciado aun, por lo que construimos el formulario sobre la base de la STS de Pleno de mayo de 2013, intentando adaptarlo al caso. DE LA TORRE, MARIA TERESA Juzgado de Primera lo Mercantil núm. 1 de San Sebastián. PRÉSTAMO HIPOTECARIO.

¿Qué son las sociedades patrimoniales?

El concepto de sociedad patrimonial es puramente fiscal, no es civil, ni mercantil, lo que significa que no se puede constituir una sociedad patrimonial ante un notario.

La regulación normativa del “nuevo” Impuesto sobre Sociedades por la reforma fiscal que ha entrado en vigor a partir del 01/01/2015, incluye dentro del hecho imponible dos nuevos conceptos, que debemos conocer y considerar: la definición del concepto de actividad económica y el concepto de entidad patrimonial.

Para que Hacienda pueda interponer una sanción

Para que Hacienda pueda interponer una sanción, es necesario que el contribuyente haya actuado con dolo o culpa ¡Y la Inspección debe demostrar que se dan estos elementos¡

Sanciones tributarias deben  cumplir unos principios básicos previstos claramente en la ley:

  • Dolo o culpa. En primer lugar, el contribuyente debe haber actuado con dolo o culpa. Su actuación debe ser “reprochable”. Por tanto, no es posible sancionar discrepancias interpretativas o el simple hecho objetivo de ingresar menos de lo que Hacienda considera.
  • En segundo lugar, es necesario que la Administracion demuestre la existencia de esos elementos subjetivos (el dolo o la culpa) y motive lo suficiente la sanción.

Pues bien aunque estos principios parecen claros, Hacienda sigue equivocándose a la hora de imponer sanciones, y dichos errores deben hacer que las sanciones queden sin efecto.

Casos recientes

Caso 1. Un contribuyente coro una indemnización sobre la que aplico la reducción del 40% por rendimientos irregulares. No obstante, Hacienda considero que dicha reducción no era aplicable (la renta se había generado en un plazo inferior a dos años), por lo que giro la liquidación correspondiente más una sanción adicional, tras varios recursos los Tribunales han anulado dicha sanción:

  • Hacienda no puede sancionar alegando simplemente que la norma es muy clara y que no se aprecia una “discrepancia interpretativa razonable”. Debe razonar de forma precisa y con datos concretos porque considera que hay culpabilidad.
  • A la vista de esos razonamientos, el contribuyente puede exponer los suyos y defenderse de forma efectiva. Apunte. Es decir, Hacienda debe ser la primera en “enseñar sus cartas”.

Caso 2. En otro caso, Hacienda justifico suficientemente la sanción (ya que incorporo al expediente datos y pruebas que demostraban la actuación culpable del contribuyente), pero no justifico los elementos aplicados a la hora de graduarla:

  • Cuando ocurre algún agravante que aumenta la sancion, Hacienda también debe justificarlo con datos concretos, sin que sea válido un mero “juicio de valor” del inspector.
  • Es cierto que, al final, la Inspección siempre acaba haciendo juicio de valor (“A la vista de todos estos datos se considera que estos actos son sancionables…”) ¡Atención¡ Pero este razonamiento debe hacerse después de haber obtenido todos los datos posibles, de forma que la conexión entre estos y la culpabilidad del contribuyente sea clara y razonable.

Comentario

Recurso. Así pues, si recibe una sanción de Hacienda y considera que no esa suficientemente motivada, recúrrala. Apunte, En caso de que los tribunales la anulen, Hacienda no podrá subsanar ese defecto y no podrá dictar una nueva sanción por el mismo motivo, ya que la falta de motivación no es un simple elemento formal de la multa, sino un elemento material que constituye un presupuesto para su validez.

Fuente:

Audiencia Nacional, Sentencia 2 de octubre de 2014.

TSJ Madrid, sentencia de 21 de octubre de 2014

Resolución del TEAC de 5 de febrero de 2015

Luis Tomas Romo Casas

Economista.

Consumidores Afectados por el Céntimo Sanitario

Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó ayer que el ‘céntimo sanitario’ vulnera la legislación comunitaria y Hacienda deberá reembolsarlo. ¿Quién y cómo podrá reclamarlo?

El ‘céntimo sanitario’ es un impuesto sobre los carburantes (Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, IVMDH) que aplicaban trece comunidades autónomas desde el 1 de enero de 2002 hasta finales de 2012 y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad. El fallo responde a un litigio iniciado por una empresa de transporte establecida en Cataluña. La compañía solicitó que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había pedido a la justicia europea que se pronunciara.

Ahora la sentencia del Tribunal europeo señala que “no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años”. Esto supone que se abre la vía para que los afectados puedan reclamar la devolución del impuesto.

Conócenos¿Quién podrá reclamar?

Para Belen Campos Manzanares, socio del Departamento Mercantil de Romo Campos Abogados, esta sentencia es “muy clara y muy radical” y “supone que tiene carácter retroactivo y todo el mundo que ha pagado este impuesto se puede beneficiar de la devolución”.

Es decir, según explica este abogado, cualquier persona o empresa que pueda justificar con facturas el pago de este gravamen podrá reclamar que se lo reintegren.

Conócenos¿Cuál es el procedimiento?

La vía estándar para reclamar pasa por presentar ante Hacienda una reclamación de ingresos indebidos con las facturas que acrediten el pago del ‘céntimo sanitario’. Ahora bien, según el artículo 66 de la Ley General Tributaria, el derecho a obtener cantidades indebidamente abonadas a Hacienda prescribe a los cuatro años. Por ello, sólo podrían solicitar la devolución mediante esta fórmula por los últimos cuatro años (es decir, desde febrero de 2010 hasta finales de 2012 cuando dejó de tener efecto) y quienes hubieran abierto un proceso ya anteriormente.

Conócenos¿Y lo que se ha pagado antes de 2010?

Quienes pagaron antes de 2010 también pueden reclamar

Mediante la vía tributaria será complicado debido a que ellos años estarán prescrito, pero “Estos contribuyentes podrán reclamar el ‘céntimo sanitario’ mediante una acción de responsabilidad patrimonial del Estado y así ir a por los ejercicios prescritos fiscalmente”

La clave es tener las facturas

Es cierto que es mucho más fácil justificar el pago del periodo no prescrito porque las empresas deben tener estas facturas por obligación legal. Para demostrar lo pagado antes de 2010 deberán conservar las facturas. De esta forma, cualquiera, tanto una persona de a pie como una empresa, que posea las facturas con el detalle de los litros repostados y el impuesto devengado tiene la posibilidad de solicitar a Hacienda la devolución. Los tiques y extractos de la tarjeta no son suficientes Eso sí, los expertos en esta materia aseguran que un tique de gasolinera o el extracto de una tarjeta de crédito o débito no sirven para justificar el pago indebido del impuesto. Hacienda sólo acepta las facturas. Por ello, esta sentencia beneficiará principalmente a las empresas de transporte o a grandes flotas de coches que sí que piden el justificante oficial.

Hay que reclamar ante la Hacienda estatal

Aunque han sido las comunidades autónomas quienes han recaudado este impuesto, los expertos explican que se trata de un gravamen estatal por lo que las reclamaciones hay que hacerlas ante el Estado.

Llevará un tiempo

Hacienda ya ha dicho que la devolución se hará a quienes lo reclamen y después de las pertinentes comprobaciones de la Agencia Tributaria, unas inspecciones que llevará su tiempo realizar.

El Gobierno español considera que el cumplimiento de la sentencia del tribunal europeo llevará varios años y es probable que se alargue “significativamente”, también porque el resto de tribunales superiores de Justicia o los tribunales económico-administrativos de las otras 12 comunidades en las que se aplicó el ‘céntimo sanitario’ pueden iniciar, igualmente, la reclamación que estimen oportuna.

Se podría pedir la devolución de todos los años mediante la reclamación patrimonial del estado

Los servicios Juridica de Romo y Camps Abogados tienen la seguridad de que se podrán reclamar todos los años.

De esta forma para proceder a reclamar aquellas cantidades que no pudieran hacerse a través de la solicitud de ingresos indebidos por haber prescrito el plazo de cuatro años anteriormente indicado, habría de interponerse una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado. Para entablar esta demanda es necesario que se den ciertos requisitos, como son, un perjuicio antijurídico efectivo, económicamente evaluable e individualizado, un hecho lesivo imputable a la administración y un resultado dañoso, con la consiguiente relación de causalidad entre el hecho que se imputa y el daño.

Ciertamente no se trata de una acción cuya articulación sea sencilla, y por supuesto la interpretación sobre la misma puede variar dependiendo del tribunal, pero a priori es posible entablar dicha acción, y más teniendo en cuenta la claridad y nitidez de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

¿Quien me puede ayudar a pedir la devolución?

Sin quieres obtener tu devolución a través de profesionales adecuados, tanto mediante reclamación de los años no prescritos a través de la vía Administrativa-Tributaria y además quieres reclamar los años anteriores mediante acción de reclamación patrimonial al estado ROMO & CAMPOS ABOGADOS te puede ayudar.

LA NOTIFICACIÓN EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO, SABEMOS TODO SOBRE ELLA.

NOTIFICACIÓN

A) Ideas generales

Como medio de comunicación entre el órgano administrativo que dicta el acto y su destinatario, aparece la notificación como un requisito formal más.

Es un elemento importantísimo de la actuación administrativa, puesto que su omisión afectará a la eficacia del acto. Así, el art. 57.2 de la Ley 30/1992 dice:

“La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior”.

B) Condición de eficacia de la notificación.

La notificación no es un acto en sí mismo, sino que es una práctica posterior donde se comunica el contenido del acto, de la voluntad del órgano. De esto se deduce que la notificación no afectará a la validez del acto sino más bien al grado de vinculación del administrado hacia ese acto.

Esta notificación cumple, pues, tres objetivos:

1. Poner en conocimiento del administrado la voluntad del órgano.

2. Constituye una condición para la eficacia de los actos administrativos.

3. Actúa como presupuesto para que comiencen a computarse los plazos de los que el administrado dispone para recurrir.

La Ley establece en el art. 58.1 qué actos deben ser notificados a los interesados:

“Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente”.

C) Contenido

En cuanto al contenido, en virtud del art. 58.2 de la Ley 30/1992, la notificación incluirá:

1. El texto íntegro de la resolución.

2. Indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa.

3. Expresión de los recursos que procedan.

4. Órgano ante el que hubieran de presentarse los recursos y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

 

D)El Plazo

El mismo apartado 2 del art. 58 establece el plazo en que deben cursarse las notificaciones:

“Toda notificación deberá ser cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado”.

 

E) Practica

En cuanto a la forma de proceder a la notificación, los 5 primeros apartados del art. 59 de la Ley 30/1992, lo establecen de una manera bastante minuciosa:

“1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado primero de este artículo.

Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación se hará constar esta circunstancia en el expediente junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

3. “…”. Derogado por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en lo relativo a la notificación por medios telemáticos.

4. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento

5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el apartado 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma

o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, la notificación se efectuará mediante su publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de notificar conforme a los dos párrafos anteriores”.

En esta materia, el art. 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, establece para la práctica de la notificación por medios electrónicos:

— Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de los casos en que exista obligatoriedad de utilizar esta forma de comunicación. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento citados anteriormente podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos.

— El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.

— Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

— Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, excepto en los casos en que exista obligatoriedad de utilizar esta forma de comunicación.

— Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dichos acceso.

 

 

NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA

Podemos definir la notificación defectuosa como aquella que no contiene todos los requisitos exigidos en el art. 58.2 Ley 30/1992.

Sin embargo, la Ley 30/1992 en su art. 58.3, indica que:

“Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda”.

Por tanto, aquí se subsana el vicio por la manifestación expresa o implícita.

La interposición del recurso procedente y no la de cualquier otro convalida, pues, la notificación defectuosa.

Para GARCÍA DE ENTERRÍA, ante una notificación defectuosa el interesado puede optar entre darse por notificado interponiendo el recurso procedente o pedir a la Administración que se le practique nuevamente la notificación con arreglo a la Ley.

Si el defecto de la notificación practicada consiste en la errónea indicación de los recursos que proceden contra el acto notificado, es obvio que ningún perjuicio podrá sufrir el interesado que sigue puntualmente los términos de aquélla.

Por último, el apartado 4 del artículo 58, establece que:

“4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado”.

PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Puede suceder también que nos encontremos ante una pluralidad de destinatarios o que estemos ante un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En ambos supuestos las notificaciones personales darán paso a las notificaciones a través de la publicación en los términos que establecen los arts. 59.6, 60 y 61 de la LRJ-PAC:

Artículo 59.6

“6. La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada.

b) Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medio de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos”.

Artículo 60

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.

2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el punto 2 del art. 58 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el punto 3 del mismo artículo.

En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto”.

Artículo 61

“Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento”.

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