Recientemente se ha aprobado la Directiva 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia), que pretende armonizar la legislación de los distintos Estados miembros en materia de segunda oportunidad para las empresas y empresarios insolventes, reduciendo los obstáculos más importantes a la libre circulación de capitales derivados de las diferencias entre los Estados miembros en esta materia.

Los principales objetivos de la norma son garantizar:

  1. Que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a marcos nacionales efectivos de reestructuración preventiva que les permitan reestructurar con la finalidad de evitar la insolvencia y garantizar su viabilidad, lo que protegerá el empleo y la actividad empresarial;
  2. Que los empresarios de buena fe insolventes o sobreendeudados puedan disfrutar de la plena exoneración de sus deudas después de un período de tiempo razonable, lo que les proporcionaría una segunda oportunidad.
  3. Que se mejore la eficacia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, en particular con el fin de reducir su duración, para lo que se prevé, en determinados casos, el nombramiento de un administrador en materia de reestructuración que colabore al elaborar un plan; así como la posibilidad de suspender las ejecuciones singulares con el fin de favorecer la negociación de la reestructuración.
  4. Que los Estados miembros protejan adecuadamente la nueva financiación y la financiación provisional, de manera que una posterior insolvencia del deudor no podrá determinar la declaración de nulidad, anulabilidad o inejecutabilidad de la nueva financiación y la financiación provisional y, a su vez, a los prestadores de dicha financiación no se les podrá exigir responsabilidad civil, administrativa o penal por el motivo de que dicha financiación resulte perjudicial para el conjunto de los acreedores, salvo que concurran otros motivos adicionales establecidos en la normativa nacional.

El deber de adaptación de los Estados miembros a la Directiva se limita, sin embargo, a los procedimientos referidos a los empresarios, término en el que quedan incluidos los autónomos, previendo en su art. 1.4 su posible aplicación a personas físicas que no sean empresarios. En este sentido, la legislación española, (RDLey 1/2015, de 27 de febrero, que introdujo el art. 178 bis en la Ley Concursal), es más amplia, pues se aplica a personas físicas, tanto si se trata de un consumidor como de empresario.

Uno de los elementos más significativos es la fijación de un plazo máximo para la obtención de la condonación de las deudas de 3 años, frente a los 5 años que recoge la normativa española (art. 178 bis. 6 de la LC).

Asimismo, la Directiva permite, además de una exoneración con un plan de reembolso ajustado a cada empresario deudor, una exoneración directa sin planes de pago con liquidación para los deudores sin masa, lo que en principio parece que sería contrario con la ley española, que viene a exigir la satisfacción de un pasivo mínimo común para todos (art. 178 bis.3.4º LC).

No obstante, se reconoce cierta libertad a los Estados a la hora de transponer la Directiva: los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones que denieguen o restrinjan el acceso a la exoneración de deudas o revoquen dicha exoneración o que establezcan plazos más extensos para la obtención de la plena exoneración de deudas o períodos de inhabilitación más extensos cuando el empresario insolvente haya actuado de forma deshonesta o de mala fe, como en los supuestos de solicitudes abusivas, incumplimiento de obligaciones de información o cuando no estén cubiertos los costes del procedimiento.

Precisamente se ponen claramente de manifiesto estas diferencias entre la regulación europea y la nacional en la reciente Sentencia 381/2019, de 2 de julio de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en Pleno, cuando, al tratar la exoneración de los créditos públicos, ha venido a recoger que “la exoneración plena en cinco años (alternativa del ordinal 5.º) está supeditada, como en el caso de la exoneración inmediata (alternativa del ordinal 4.º), al pago de los créditos contra la masa y con privilegio general, aunque en este caso mediante un plan de pagos que permite un fraccionamiento y aplazamiento a lo largo de cinco años. Sin perjuicio de que en aquellos casos en que se advirtiera imposible el cumplimiento de este reembolso parcial, el juez podría reducirlo para acomodarlo de forma parcial a lo que objetivamente podría satisfacer el deudor durante ese plazo legal de cinco años, en atención a los activos y la renta embargable o disponible del deudor, y siempre respetando el interés equitativo de estos acreedores (contra la masa y con privilegio general), en atención a las normas concursales de preferencia entre ellos.

                Con esta interpretación no se posterga tanto el crédito público, pues con arreglo a lo previsto en el art. 91.4.º LC, el 50%, descontado el que tenga otra preferencia o esté subordinado, tiene la consideración de privilegiado general, y por lo tanto quedaría al margen de la exoneración”.

Y ello porque lo que se pretende es que estas medidas favorezcan únicamente a los deudores honestos, aunque desafortunados: al deudor de buena fe.

La ya mentada Sentencia 381/2019 de nuestro Alto Tribunal ha establecido que la buena fe del deudor no atenderá a lo dispuesto en el art. 7.1 del CC, sino que “para que se pueda reconocer la exoneración del pasivo es necesario en primer lugar que el deudor cumpla con las exigencias contenidas en los ordinales 1.º, 2.º y 3.º del apartado 3 del art. 178 bis LC: el concurso no haya sido calificado culpable; el deudor concursado no haya sido condenado por sentencia firme por determinados delitos patrimoniales; y se haya acudido al procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos con carácter previo a la apertura del concurso. Además, en función de la alternativa que se tome, la exoneración inmediata del ordinal 4.º o la exoneración en cinco años del ordinal 5.º, se han de cumplir otras exigencias propias de esa alternativa.”

Por otra parte, en materia de deudas no condonables, la Directiva permite que los Estados excluyan del beneficio alguno de los tipos de deuda que recoge. Entre ellos, se encuentran las deudas de alimentos o las procedentes de sanciones penales.

La norma europea, que entrará en vigor el próximo 16 de julio de 2019, deberá ser transpuesta por los Estados miembros a más tardar el 17 de julio de 2021, a excepción de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento al artículo 28, letras a), b) y c), relativas a la utilización de medios electrónicos de comunicación para reclamaciones de créditos, presentación de planes de reestructuración o reembolso, y notificaciones a los acreedores, que tienen como fecha límite el 17 de julio de 2024; así como las disposiciones necesarias para adaptar el artículo 28, letra d), sobre la presentación de impugnaciones y recursos a través de dichos medios electrónicos de comunicación, cuyo plazo de transposición vencerá el 17 de julio de 2026.

Como excepción, los Estados miembros que encuentren especiales dificultades para aplicar la Directiva podrán disfrutar de una prórroga máxima de un año.

Irene Lopez Tornero

Abogada

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